Benchmarking político

Pioneros en la aplicación del benchmarking en el sector público fueron los países pertenecientes a la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), los cuales a mediados de los noventa iniciaron la implementación de esta metodología como herramienta de gestión en el marco de los procesos de modernización del estado basados en los conceptos de la Nueva Gestión Pública (NGP).

Los casos de EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá y los países nórdicos se destacan especialmente. Por ejemplo en el Reino Unido casi el 70% de los empleados públicos trabajan en las denominadas “Next Steps Agencies” que son sometidas a procesos de benchmarking en relación a empresas privadas o a instituciones similares de otros países.

También en el Reino Unido se comenzó la difusión y promoción del benchmarking en el sector público a través del PSBS (Public Sector Benchmarking Service) creado en 2001 como parte de los planes de modernización del estado.

Otro caso emblemático es del de Suecia que ya en 1992 comparaba su presupuesto con el de doce países de la OECD para identificar fortalezas, debilidades y nuevas oportunidades. Además realiza desde 1993 un benchmarking anual de la efectividad sociopolítica entre las administraciones regionales del país.

Siguiendo esta tendencia, en toda Europa se realizan procesos de benchmarking, orientados a procesos y resultados o bien externos e internos.

En Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón se observan niveles similares de difusión del benchmarking en el sector público.

En 1999, la Unión Europea inició la “European Best Practice Initiave” (EBPI) para apoyar a todos los países miembros en la difusión e implementación del benchmarking y las Buenas Prácticas, con la intención era instalar un sistema de benchmarking paneuropeo

Luego en el 2001 se desarrolló e instaló un sistema de benchmarking transnacional en el sector energético que tuvo la virtud de simplificar la metódica de la búsqueda de datos y su evaluación y contribuir a la mayor eficiencia energética. Los resultados fueron muy positivos y ello derivó en el interés de las empresas más importantes del sector a nivel paneuropeo, que extendieron la aplicación del benchmarking en sus procesos internos operativos y comerciales.

Estas experiencias de monitoreo de políticas públicas a través del benchmarking ha dado lugar a un nuevo tipo de benchmarking denominado “benchmarking político”. Se trata de una forma de hacer política observando y comparando procesos de decisión política considerados de alto impacto y que pone el énfasis en el aprendizaje de las mejores prácticas y en la innovación.  

Bajo este enfoque se ubica a la gestión del conocimiento en el centro del quehacer político, mas allá de la orientación ideológica. Algunos analistas plantean que el “benchmarking político” ha tenido una gran recepción en la gestión pública y tiene un alto potencial de desarrollo, debido al fracaso de gran parte de las teorías en esta área para resolver problemas políticos reales, basadas en modelos deductivos de tipo general que no podían comprobarse en la práctica y que no consideraban la comparación de contextos históricos, culturales, económicos y sociales específicos.

El benchmarking ha suscitado un gran interés a nivel de América Latina y esto se expresa en la gran cantidad de iniciativas que se han impulsado en base a este instrumento de gestión. Sin embargo, estas experiencias adolecen de una cierta dispersión y falta de continuidad. También es cierto que la gran cantidad de información sistematizada en ellas, no alimenta automáticamente las instancias de decisión política.

En resumen, la aplicación del benchmarking en el sector público en los países industrializados tiene una larga trayectoria empírica, dando origen a un “benchmarking político” que se encuentra en una fase inicial.

Para mas información sobre la implementación de benchmarking, por favor comuníquese a info@dasolutions.com.ar

20-01-2021